MANIFIESTO SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
(A los profesionales, ciudadanos y administraciones sanitarias)

                EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SEVILLA, como órgano institucional de representación de los 9.700 profesionales colegiados de la provincia y por mandato de lo estipulado en sus Estatutos, en tanto no se produzca una nueva regulación o desarrollo de la Ley del Medicamento -la cual excluye a los enfermeros de tomar ninguna decisión respecto al tratamiento farmacológico o medicamentoso de sus pacientes (prescripción enfermera)-, quiere hacer llegar de manera nítida y rotunda a  todas las enfermeras(os) sevillanos el siguiente posicionamiento:

                Recomendamos que cesen, sin excusa alguna, en el ejercicio de llevar a cabo dicha práctica profesional por carecer de cobertura jurídica y, por tanto, se abstengan de la administración de cualquier tipo de medicamentos (parenteral, oral, uso tópico...) vacunas y productos sanitarios sin la correspondiente rúbrica médica individualizada para cada enfermo. Al día de hoy, todos los enfermeros  estamos en condición de intrusismo profesional y en situación de ilegalidad e inhabilitación, ante cualquier incidencia o reclamación que pudiera ocurrir respecto a lo anteriormente indicado, siendo victimas, sin quererlo, de una situación de indefensión jurídica propiciada por la promulgación de la nueva Ley del Medicamento.

                En consecuencia, informados de la situación actual por esta tribuna, por la pagina “web” del Colegio y por la Revista monográfica remitida a todos los colegiados, cualquier decisión personal corresponderá a la responsabilidad de los interesados. No obstante, y en cualquier caso, los profesionales deben saber que tendrán a su entera disposición de manera gratuita, como hasta ahora, el asesoramiento y la ayuda del equipo   jurídico y el apoyo de esta Institución para la posible defensa ante los tribunales de Justicia a pesar de que el seguro de Responsabilidad Civil podría inhibirse por no estar contemplada en la Ley esa práctica y los actos enfermeros que realizamos diariamente.

                Igualmente, queremos contestar a la Sra. Consejera de Salud, con la máxima claridad,  que los protocolos y guías sanitarias, así como las normas internas de cada centro, son meras orientaciones establecidas para la buena praxis profesional en base al consenso y la evidencia científica que respaldamos y alentamos los profesionales, pero, en Derecho, dichas pautas no se pueden entender ni admitir, bajo ningún concepto, como desarrollo del ordenamiento legislativo, ni pueden suplir la seguridad jurídica, ni suplantar el rango y cumplimiento de las leyes vigentes.
                                                               
                Si la Administración de verdad cree que los protocolos pueden sustituir a las leyes, requerímos a la consejera de Salud y al ministro de Sanidad para que oficialmente, de manera pública y por escrito, se dirijan a las enfermeras y enfermeros diciéndoles que, hayan o no situaciones de siniestralidad o denuncias y entendiendo ellos que no hay ningún problema de intrusismo con esta Ley, los profesionales de enfermería  podrán seguir realizando con normalidad, libres de posibles consecuencias penales, el uso y la prescripción de los medicamentos que, secularmente, vienen utilizando en el desarrollo de los cuidados y en el ejercicio de sus funciones autónomas de manera cotidiana y, todo ello, sin que medie una prescripción médica personalizada para cada enfermo.

                Ni que decir tiene que si la Administración se pronunciara de ese tenor “contraviniendo lo regulado en la Ley del Medicamento” -en opinión de todos los juristas consultados-  la Organización Colegial pediría urgentemente por la vía penal la aclaración y resolución de los Tribunales de Justicia sobre lo determinado en la mencionada Ley, en contraste a lo expresado por la Administración, para garantía jurídica de los profesionales. Desde esta tribuna también solicitamos el pronunciamiento público y debate de los profesionales del Derecho y opinión de las Compañías de Seguros, especialmente en el ramo de la Responsabilidad Civil, para que no solamente sea esta Corporación quien exponga su visión y análisis de este grave asunto.     

                Sepan los ciudadanos que no pedimos nada estrambótico ni extraordinario. En todo el mundo las enfermeras en su trabajo prescriben medicamentos. De manera regularizada y avalada por sus respectivas legislaciones, dichas prescripciones enfermeras se llevan a cabo, especialmente, en países situados en el máximo nivel de desarrollo, naciones nada sospechosas de no respetar o invadir competencias de otros colectivos sanitarios: Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Australia, Suecia, Brasil, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica,...

                Al contrario de lo manifestado por la Sra. consejera Montero, las enfermeras/os no queremos renunciar a unas competencias que tenemos asumidas y realizamos diariamente. No nos motiva ningún afán por alarmar a la sociedad. No queremos desatender ni perjudicar a nuestros pacientes que son el objeto principal de nuestra vocación y nuestro trabajo, pidiéndoles disculpas desde estas líneas por las posibles molestias. No queremos una profesión anclada en el pasado, conservadora ni estancada. No queremos amenazar. No queremos quitar competencias a nadie y, tampoco, queremos una confrontación con la Administración ni con otros colectivos sanitarios.

                Las enfermeras/os queremos ayudar con firmeza al mejor funcionamiento del Sistema Sanitario y desburocratizar la atención a los pacientes. Queremos el adecuado protagonismo en consonancia con  nuestros estudios universitarios. Queremos una profesión de progreso y en evolución constante. Queremos autonomía en las decisiones de nuestra actividad profesional como regula la LOPS y otras normativas. Queremos seguir realizando la prescripción enfermera. Y queremos asumir mayores responsabilidades como lo hemos demostrado a lo largo de la historia pero, todo ello, al amparo de unas normas legislativas suficientes y bastantes, en un marco de seguridad jurídica transparente y sin trampas.

                Además, la Administración sanitaria, por su propia naturaleza, está obligada a proporcionarnos dichas garantías jurídicas, porque en caso contrario, estaría haciendo dejación de sus funciones, situando a esta Profesión y a sus profesionales, de manera injusta, en el mayor de los desamparos ante cualquier incidencia o reclamación vinculada. Sra. consejera, usted bien sabe que cuanto aqui expresamos es rigurosamente verdad. Por eso le pedimos que no frivolice con nuestra bien ganada credibilidad y profesionalidad, ni banalice nuestra actual indefensión jurídica, ni haga demagogia con nuestras aspiraciones profesionales. A usted, mejor que a nadie, le consta que estamos especialmente preparados y capacitados.

                Por todo lo expuesto, le instamos para que haga lo posible, y lo imposible, ante su compañero el Ministro de Sanidad, a fin de que con la mayor celeridad se regule y solucione la difícil situación que padecemos por la promulgada Ley del Medicamento, la cual, como ya conoce, contempla en su disposición adicional duodécima la fórmula para solucionar la cuestión vía Real Decreto y dar satisfacción a todas las partes.  No hay excusas para no arreglar el problema, han tenido quince meses en los que no han hecho nada. Cumplan con su función de gobernantes y cuenten con nuestra colaboración más leal.  No nos endosen sus incapacidades o desidias.

MANIFIESTO SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
(A los profesionales, ciudadanos y administraciones sanitarias)

                EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SEVILLA, como órgano institucional de representación de los 9.700 profesionales colegiados de la provincia y por mandato de lo estipulado en sus Estatutos, en tanto no se produzca una nueva regulación o desarrollo de la Ley del Medicamento -la cual excluye a los enfermeros de tomar ninguna decisión respecto al tratamiento farmacológico o medicamentoso de sus pacientes (prescripción enfermera)-, quiere hacer llegar de manera nítida y rotunda a  todas las enfermeras(os) sevillanos el siguiente posicionamiento:

                Recomendamos que cesen, sin excusa alguna, en el ejercicio de llevar a cabo dicha práctica profesional por carecer de cobertura jurídica y, por tanto, se abstengan de la administración de cualquier tipo de medicamentos (parenteral, oral, uso tópico...) vacunas y productos sanitarios sin la correspondiente rúbrica médica individualizada para cada enfermo. Al día de hoy, todos los enfermeros  estamos en condición de intrusismo profesional y en situación de ilegalidad e inhabilitación, ante cualquier incidencia o reclamación que pudiera ocurrir respecto a lo anteriormente indicado, siendo victimas, sin quererlo, de una situación de indefensión jurídica propiciada por la promulgación de la nueva Ley del Medicamento.

                En consecuencia, informados de la situación actual por esta tribuna, por la pagina “web” del Colegio y por la Revista monográfica remitida a todos los colegiados, cualquier decisión personal corresponderá a la responsabilidad de los interesados. No obstante, y en cualquier caso, los profesionales deben saber que tendrán a su entera disposición de manera gratuita, como hasta ahora, el asesoramiento y la ayuda del equipo   jurídico y el apoyo de esta Institución para la posible defensa ante los tribunales de Justicia a pesar de que el seguro de Responsabilidad Civil podría inhibirse por no estar contemplada en la Ley esa práctica y los actos enfermeros que realizamos diariamente.

                Igualmente, queremos contestar a la Sra. Consejera de Salud, con la máxima claridad,  que los protocolos y guías sanitarias, así como las normas internas de cada centro, son meras orientaciones establecidas para la buena praxis profesional en base al consenso y la evidencia científica que respaldamos y alentamos los profesionales, pero, en Derecho, dichas pautas no se pueden entender ni admitir, bajo ningún concepto, como desarrollo del ordenamiento legislativo, ni pueden suplir la seguridad jurídica, ni suplantar el rango y cumplimiento de las leyes vigentes.
                                                               
                Si la Administración de verdad cree que los protocolos pueden sustituir a las leyes, requerímos a la consejera de Salud y al ministro de Sanidad para que oficialmente, de manera pública y por escrito, se dirijan a las enfermeras y enfermeros diciéndoles que, hayan o no situaciones de siniestralidad o denuncias y entendiendo ellos que no hay ningún problema de intrusismo con esta Ley, los profesionales de enfermería  podrán seguir realizando con normalidad, libres de posibles consecuencias penales, el uso y la prescripción de los medicamentos que, secularmente, vienen utilizando en el desarrollo de los cuidados y en el ejercicio de sus funciones autónomas de manera cotidiana y, todo ello, sin que medie una prescripción médica personalizada para cada enfermo.

                Ni que decir tiene que si la Administración se pronunciara de ese tenor “contraviniendo lo regulado en la Ley del Medicamento” -en opinión de todos los juristas consultados-  la Organización Colegial pediría urgentemente por la vía penal la aclaración y resolución de los Tribunales de Justicia sobre lo determinado en la mencionada Ley, en contraste a lo expresado por la Administración, para garantía jurídica de los profesionales. Desde esta tribuna también solicitamos el pronunciamiento público y debate de los profesionales del Derecho y opinión de las Compañías de Seguros, especialmente en el ramo de la Responsabilidad Civil, para que no solamente sea esta Corporación quien exponga su visión y análisis de este grave asunto.     

                Sepan los ciudadanos que no pedimos nada estrambótico ni extraordinario. En todo el mundo las enfermeras en su trabajo prescriben medicamentos. De manera regularizada y avalada por sus respectivas legislaciones, dichas prescripciones enfermeras se llevan a cabo, especialmente, en países situados en el máximo nivel de desarrollo, naciones nada sospechosas de no respetar o invadir competencias de otros colectivos sanitarios: Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Australia, Suecia, Brasil, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica,...

                Al contrario de lo manifestado por la Sra. consejera Montero, las enfermeras/os no queremos renunciar a unas competencias que tenemos asumidas y realizamos diariamente. No nos motiva ningún afán por alarmar a la sociedad. No queremos desatender ni perjudicar a nuestros pacientes que son el objeto principal de nuestra vocación y nuestro trabajo, pidiéndoles disculpas desde estas líneas por las posibles molestias. No queremos una profesión anclada en el pasado, conservadora ni estancada. No queremos amenazar. No queremos quitar competencias a nadie y, tampoco, queremos una confrontación con la Administración ni con otros colectivos sanitarios.

                Las enfermeras/os queremos ayudar con firmeza al mejor funcionamiento del Sistema Sanitario y desburocratizar la atención a los pacientes. Queremos el adecuado protagonismo en consonancia con  nuestros estudios universitarios. Queremos una profesión de progreso y en evolución constante. Queremos autonomía en las decisiones de nuestra actividad profesional como regula la LOPS y otras normativas. Queremos seguir realizando la prescripción enfermera. Y queremos asumir mayores responsabilidades como lo hemos demostrado a lo largo de la historia pero, todo ello, al amparo de unas normas legislativas suficientes y bastantes, en un marco de seguridad jurídica transparente y sin trampas.

                Además, la Administración sanitaria, por su propia naturaleza, está obligada a proporcionarnos dichas garantías jurídicas, porque en caso contrario, estaría haciendo dejación de sus funciones, situando a esta Profesión y a sus profesionales, de manera injusta, en el mayor de los desamparos ante cualquier incidencia o reclamación vinculada. Sra. consejera, usted bien sabe que cuanto aqui expresamos es rigurosamente verdad. Por eso le pedimos que no frivolice con nuestra bien ganada credibilidad y profesionalidad, ni banalice nuestra actual indefensión jurídica, ni haga demagogia con nuestras aspiraciones profesionales. A usted, mejor que a nadie, le consta que estamos especialmente preparados y capacitados.

                Por todo lo expuesto, le instamos para que haga lo posible, y lo imposible, ante su compañero el Ministro de Sanidad, a fin de que con la mayor celeridad se regule y solucione la difícil situación que padecemos por la promulgada Ley del Medicamento, la cual, como ya conoce, contempla en su disposición adicional duodécima la fórmula para solucionar la cuestión vía Real Decreto y dar satisfacción a todas las partes.  No hay excusas para no arreglar el problema, han tenido quince meses en los que no han hecho nada. Cumplan con su función de gobernantes y cuenten con nuestra colaboración más leal.  No nos endosen sus incapacidades o desidias.